CATESA CONSIGUE QUE EL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL TENGA QUE ABONAR LAS SOLICITUDES CUYA TRAMITACIÓN Y RESPUESTA EXCEDA DEL TIEMPO ESTIPULADO POR LEY.

CATESA CONSIGUE QUE EL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL TENGA QUE ABONAR LAS SOLICITUDES CUYA TRAMITACIÓN Y RESPUESTA EXCEDA DEL TIEMPO ESTIPULADO POR LEY.

Así lo establece el Tribunal Supremo después de dictar SENTENCIA el pasado 16 de marzo, mediante la cual unifica doctrina e indica que debe aplicarse el silencio positivo a las reclamaciones frente al FOGASA que no se resuelven en plazo de forma expresa.

 

Mediante el RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA presentado por el abogado JOSÉ MIGUEL ANDRÉS COLLAR, jefe del departamento jurídico de nuestra empresa, se pretende resolver si se debe aplicar el silencio positivo a la solicitud presentada por el trabajador ante el FOGASA para que le abonaran el 40% de la indemnización correspondiente por extinción de contrato, cuando la resolución expresa de dicho organismo, se dicta en plazo superior a los tres meses a que se refiere el Real Decreto 505/1985, de organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial y, además es una resolución de sentido contrario al sentido del acto administrativo.

 

Nuestro abogado alegaba que la resolución denegatoria emitida por este organismo era contraria a derecho, toda vez que, se había dictado la misma pasado el plazo de tres meses desde la solicitud de la prestación conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del citado Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo.

 

Presentado el recurso de casación para unificación de doctrina e invocadas las sentencias contradictorias, la Sala de lo Social del Alto Tribunal aprecia la existencia de contradicción entre las resoluciones comparadas porque, existe equivalencia entre los hechos, pues en ambas sentencias se solicita que el FOGASA pague el 40% de la indemnización y en ambos casos han transcurrido los tres meses establecidos por ley, pero los fallos son contradictorios, “ya que en el supuesto de la sentencia recurrida la Sala entiende que no puede estimarse la pretensión por silencio administrativo positivo puesto que ha existido resolución expresa, mientras que la sentencia de contraste entiende que la resolución debe dejarse sin efecto por haber transcurrido un plazo superior a tres meses”.

 

Se invocaba la infracción del art. 43.1.2 y 3 de la LRJPAC y del mencionado art. 28 del RD 505/1985. De todos ellos cabe destacar en el apartado 3, letra a, del art 43 de la LRJPAC se recoge que “En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. Así pues, el Alto tribunal entiende que la doctrina correcta es la de la sentencia de contraste. Dicho artículo ha sido esencial a la hora de estimar el precitado recurso de Casación.

 

Otra de las partes destacadas de la sentencia del TS es aquella en la que afirma:En el caso examinado, sobre rechazo del FOGASA al abono del 40% de la indemnización derivada de la extinción del contrato, podemos traer a colación nuestra sentencia de 26-12-2013 , expresiva de que la responsabilidad del FOGASA por el 40% de la indemnización legal de despido ex art. 33.8 del Estatuto de los Trabajadores es una RESPONSABILIDAD DIRECTA, que constituye un beneficio legal a favor de las empresas que cuentan con una plantilla inferior a 25 trabajadores independientemente de la situación económica empresarial.

 

Como conclusión del análisis realizado a la antedicha sentencia podemos señalar que:

 

  • La misma establece de forma clara el criterio de que, transcurridos los tres meses que tiene el FOGASA para resolver las solicitudes que se le presenten, el citado organismo no puede denegar la solicitud presentada, no pudiendo, en forma alguna, realizar un análisis de la legalidad intrínseca del acto.

 

  • Ha de primar el sentido del silencio que la norma establezca sobre la legalidad o no del acto administrativo presunto.

 

  • Ante un acto presunto que estime las pretensiones del solicitante el FOGASA (y la administración en general) tan solo pueden confirmar el mismo.

 

  • Ante un acto presunto que desestime las pretensiones del solicitante (que a la fecha no se ha contemplado el silencio negativo), el FOGASA podrá confirmar o no el citado acto presunto.

 

  • En el presente caso, se recuerda la responsabilidad DIRECTA del FOGASA, responsabilidad configurada como un beneficio LEGAL a favor de las empresas con independencia de su situación económica.

 

 

Por todo ello podemos decir que a sentencia marca un antes y un después en esta materia, dado los numerosos casos en los que el FOGASA ha respondido a las solicitudes de los trabajadores con el silencio, habiendo dictado o no resolución expresa transcurrido el tiempo legal.