CON OCASIÓN DE LA NUEVA REFORMA EN LA LEY CONCURSAL

CON OCASIÓN DE LA NUEVA REFORMA EN LA LEY CONCURSAL

El sábado, día 8 de marzo de 2014 se ha publicado el Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial, por el cual se produce una nueva reforma de la Ley Concursal; con ocasión de la reforma producida, resulta muy interesante hacer un recorrido por la vida de tan trascendental norma que deviene en esencial en estos periodos de crisis económica.

Este artículo, pretende realizar un recorrido por las diferentes disposiciones que han afectado de manera significativa a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, partiendo de su redacción original, por la que se pretendió instaurar un procedimiento único ágil para la continuidad de las empresas y de los puestos de trabajo, y sustituir a la antigua regulación de quiebras y suspensiones de pagos.

Una de las primeras modificaciones de esta Ley, es el Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, que, fundamentalmente, introduce las siguientes modificaciones:

  • Modificación del proceso de publicidad, con el fin de agilizar el procedimiento de concurso y reducir sus costes, atendiendo a la creación del Registro público concursal para el conocimiento de las resoluciones concursales.
  • Revisión del sistema retributivo de los administradores concursales.
  • Impulso a la suscripción del Convenio Anticipado.
  • Acuerdos de refinanciación de las empresas, con los que se persigue favorecer a las empresas en dificultades, concretada en la Disposición Adicional 4ª de la Ley Concursal.
  • Figura de la liquidación anticipada, por la que se permite al deudor presentar una propuesta anticipada de liquidación con el límite de hasta quince días siguientes a la presentación del informe por la administración concursal.
  • Agilización del procedimiento de concurso y reducción de costes

Posteriormente, es la Ley 38/2011, de 10 de Octubre de Reforma de la Ley Concursal, la que asume el mayor peso en el proceso de reforma de la Ley Concursal, desde su nacimiento hasta hoy. Sus principales características son:

  • Profesionalización de la Administración Concursal, potenciando sus funciones y acotando los requisitos generales para ser nombrado administrador.
  • Procedimiento Abreviado, para las empresas con determinadas características:
    • Que se trate de deudores con menos de 50 acreedores.
    • Que la estimación inicial del pasivo no supere los 50 millones de Euros.
    • Que la valoración de los bienes y derechos no alcance los 5 millones de Euros.
    • En caso de solicitud de concurso con propuesta anticipada de convenio, que dichas propuestas no supongan una modificación estructural del activo y del pasivo.
    • En caso de solicitud de concurso con plan de liquidación, que la propuesta se presente por escrito, que sea vinculante, que suponga la compra de unidad productiva en funcionamiento o que el deudor hubiere cesado completamente su actividad y no tuviere vigentes contratos de trabajo.
  • Plazos más breves para la agilización del procedimiento concursal.
  • Especialidades del procedimiento abreviado en caso de solicitud de concurso con presentación de propuesta de convenio.
  • Liquidación anticipada, a fin de que la solución de la insolvencia no se demora más de lo debido para no perjudicar aún más tanto al concursado como a sus acreedores.
    • La reforma estipula de manera general que “el deudor podrá pedir la liquidación en cualquier momento”, previendo ya desde un inicio la posibilidad de solicitar la liquidación anticipada.
    • Añade además, un último apartado en el que se prevé que en el caso del cese de la actividad profesional, la administración concursal estará facultada para solicitar la apertura de la liquidación, dando traslado en tres días al deudor, tras los que el juez resolverá mediante auto en los cinco días siguientes.
  • Incidentes Concursales, por los cuales esta reforma permite tramitar varios aspectos, como impugnaciones de autos y decisiones de la Administración Concursal.
  • La reforma de la Ley Concursal, prevé expresamente la posibilidad de interponer recursos contra diversas resoluciones, relacionadas con las vicisitudes de la tramitación concursal en la sociedad.

     

En 2013, acontece la antepenúltima reforma de la Ley Concursal, articulada a través de la Ley de Emprendedores, de 14/2013, de 27 de septiembre, incidiendo específicamente en materia pre-concursal, por ejemplo, en:

  1. La facilitación de acuerdos extra-concursales entre determinados tipos de deudores y  sus acreedores, mediante un sistema denominado “Acuerdo extrajudicial de pagos” y  protagonizado por la nueva figura del mediador concursal.
  2. Además, se regula por primera vez en España la denominada “segunda oportunidad” o  “fresh start”, que se concreta en la posibilidad de que el deudor persona natural pueda,  en el marco de su concurso de acreedores, cancelar definitivamente deudas que no han  podido ser satisfechas con sus bienes y activos presentes.

Ya en 2014, el R.D.-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, modifica algunos aspectos concretos de la Ley Concursal en lo relativo a la fase pre-concursal, de manera que se evite la entrada en concurso y la posterior liquidación de estas empresas, mediante acuerdos de refinanciación suscritos por el 51% de los acreedores para esperas de hasta 10 años, quitas sin límites y conversiones de deuda en capital, en préstamos participativos o en dación en pago.

Entre otras medidas, el Decreto incluye, un apartado relativo a la tributación, por la cual se ampliará la exención existente en el ITP y AJD a todos los acuerdos de refinanciación regulados en la Ley Concursal, y desarrollo fiscal para mejorar la tributación de las quitas, en concreto, contempla que el ingreso no tribute en el deudor en el momento de acuerdo de la quita, sino que se integre en la base imponible a medida que se registren posteriormente los gastos financieros derivados de esa deuda.

En concreto, se modifica el régimen de los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente, que podrán comprender quitas y capitalización de la deuda, además de aplazamientos de la deuda.

Se amplía la responsabilidad penal en materia concursal, a los socios de las empresas en crisis que se nieguen a entregar las acciones de la empresa a las entidades bancarias o los ‘fondos buitres’ a cambio de la capitalización de créditos o de una emisión de valores o instrumentos convertibles, frustrando la firma del acuerdo de Refinanciación pre-concursal y en el caso de ser declarados culpables responderán con sus patrimonios.