EL TRIBUNAL SUPREMO ANULA PARCIALMENTE UNA INCAPACIDAD EN APLICACIÓN DEL CONVENIO DE LA ONU SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS

EL TRIBUNAL SUPREMO ANULA PARCIALMENTE UNA INCAPACIDAD EN APLICACIÓN DEL CONVENIO DE LA ONU SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto un recurso de casación en el que aplicando la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad resuelve «reducir» o anular parcialmente la incapacidad total que un juez había declarado sobre un hombre y la muta por una incapacitación parcial en la forma de curatela, que reconoce su necesidad de ayuda para acometer ciertas tareas pero su personalidad para mantener la iniciativa.

El demandante/recurrente tenía reconocida una discapacidad del 65% por enfermedad mental crónica (esquizofrenia paranoide) y fue declarado incapacitado por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Barco de Valdeorras para gestionar su patrimonio, aunque existían «informes contradictorios» al respecto, e incluso para votar. El demandante apeló, pero la Audiencia Provincial de Ourense desestimó su recurso.

Ahora, el Alto Tribunal restituye a José Manuel el derecho a voto por encontrar que se le había privado del mismo «sin justificación alguna» y le declara «parcialmente incapaz tanto en el aspecto personal como patrimonial», asignándole un curador que supla las carencias de autonomía que presenta según las evaluaciones médicas que se le han venido realizando.

Así señala la sentencia que: «En la esfera personal requerirá la intervención del curador en cuanto al manejo de los medicamentos prescritos, ayuda de su enfermedad y autocuidado, el cual decidirá en su caso la permanencia en residencia o su internamiento en un establecimiento de salud mental o de educación o formación especial».

Asimismo, dicta que «en lo que se refiere al patrimonio y economía, conservará su iniciativa pero precisará del curador para su administración, gestión y disposición, ya sea inter vivos o mortis causa, completando su incapacidad».

Este cuidador «controlará y fiscalizará todos sus gastos, incluidos los corrientes, evitando el gasto excesivo y la manipulación por parte de terceras personas, sin perjuicio de que se le asigne una suma periódica para su consumo y necesidades cotidianas de la vida (dinero de bolsillo)».

El curador tendrá que «informar cada seis meses, o antes si fuera necesario», sobre la situación personal del incapacitado y «rendir cuentas anuales de su gestión a fecha 31 de diciembre de cada anualidad», presentando «una relación detallada de los gastos e ingresos acaecidos en su patrimonio» justificada con los documentos originales en el juzgado.

En su decisión, el TS razona que «la Convención de Nueva York exige instaurar los apoyos personalizados y efectivos en beneficio de la persona afectada a fin de proteger su limitada capacidad de obrar y protegiendo su ejercicio, en restringido ámbito, en igualdad de condiciones que los demás». Asimismo, aduce que la incapacitación «no cambia la titularidad de derechos fundamentales sino que determina su forma de ejercicio», lo que, según explica la sentencia, implica que siempre se debe tener en cuenta que el incapaz sigue siendo titular de dichos derechos e incapacitarle es «solo una forma de protección».

En esta línea, recuerda que el Código Civil establece una presunción de capacidad «que sólo desaparece por decisión judicial ante una enfermedad persistente que impida a la persona gobernarse por sí misma» y argumenta que la incapacitación, sea total o parcial debe hacerse siguiendo un «criterio restrictivo» por las limitaciones de derechos fundamentales que comporta.