MODIFICACION DE LA LEY CONCURSAL EN ARAS A CONSEGUIR LA CONTINUIDAD DE LA EMPRESA CONCURSADA

MODIFICACION DE LA LEY CONCURSAL EN ARAS A CONSEGUIR LA CONTINUIDAD DE LA EMPRESA CONCURSADA

El pasado día 6 de Septiembre el BOE publicó Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal. La finalidad que persigue la reforma, según establece la exposición de motivos de la norma, es facilitar los acuerdos que permitan la supervivencia de empresas que entren en un proceso concursal.

Así, una de las novedades introducidas es la de ampliar las posibilidades de extensión de los efectos del convenio a los acreedores disidentes o contrarios al acuerdo adoptado por las mayorías legalmente previstas y, en particular, a los acreedores disidentes titulares de créditos privilegiados, en función de las mayorías que voten a favor.

Igualmente se introducen novedades en materia de créditos privilegiados que, sin modificar su clasificación, se crean cuatro clases diferenciadas, a efectos de la votación para la extensión del convenio:

· Laborales

· Públicos

· Financieros

· Resto

En fin, las novedades o modificaciones introducidas son las siguientes:

 

a) Modificaciones en materia de convenio concursal:

– Respecto a la valoración de las garantías (generalmente bienes inmuebles) sobre las que recae el privilegio especial, se mantiene la regla de la “purga” de las garantías posteriores, del mantenimiento de las preferentes y de la atribución del eventual sobrante en caso de ejecución por parte de alguno de los titulares de garantías reales.

Así, para obtener el verdadero valor de la garantía es necesario deducir del valor razonable del bien sobre el que recae el importe de los créditos pendientes que gocen de garantía preferente sobre dicho bien. Dicho valor razonable se reduce en un 10% por los costes que supone la ejecución de la garantía.

– Se amplía el quórum de la junta de acreedores. Así, se reconoce derecho de voto en general a los acreedores que hubiesen adquirido sus derechos de crédito con posterioridad a la declaración de concurso, a excepción de los que tengan una vinculación especial con el deudor.

Igualmente se amplía el número y naturaleza de las personas especialmente vinculadas con el deudor, los cuales tendrán la condición de acreedores subordinados y carecerán de voto en la junta de acreedores.

– Se introducen previsiones adicionales respecto a los efectos del convenio. Cuando se trate de capitalización, los acuerdos de aumento de capital requeridos se adoptarán con las mismas mayorías previstas en la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003; se efectúa una remisión al régimen general de transmisión de unidades productivas a lo dispuesto en el artículo 146 bis, lo que implica, con determinadas excepciones, su adquisición libre de obligaciones preexistentes impagadas; y se facilita la cesión en pago de bienes con determinadas cautelas para evitar comportamientos fraudulentos.

– Se modifican las votaciones y mayorías en el convenio y se amplía la capacidad de arrastre de los acreedores disidentes en determinadas circunstancias. Se levanta la limitación general para los efectos del convenio (quitas del 50% y esperas de cinco años), pero exigiéndose, para superar dichos límites, una mayoría reforzada del 65%. Por otra parte, la mayoría máxima exigible para los pactos de sindicación será del 75%.

– Se introduce como novedad la posibilidad de arrastre de determinados créditos con privilegio general o especial, incluso en la parte cubierta por el valor de la garantía, pero exigiéndose un doble requisito: mayorías aún más reforzadas y que el acuerdo sea adoptado por acreedores de la misma clase. Y para ello se distinguen cuatro clases de acreedores, cada uno con características propias y tratamiento específico en el seno del concurso: los acreedores de derecho laboral, los acreedores públicos, los acreedores financieros y el resto, entre los cuales deberán incluirse de forma principal a los acreedores comerciales.

– Se incorpora un régimen especial aplicable a los concursos de empresas concesionarias de obras y servicios públicos y contratistas de las administraciones públicas. Dada la importancia de tales empresas y su especial “vinculación” con los bienes y servicios públicos, se persigue dar continuidad a la actividad objeto del contrato en beneficio de los adjudicatarios, los terceros que se benefician del desarrollo del objeto del contrato y de la propia administración pública.

b) Modificaciones en materia de liquidación: se pretende facilitar el desarrollo de esta fase de procedimiento concursal, garantizando en lo posible la continuación de la actividad empresarial y facilitando la venta del conjunto de los establecimientos y explotaciones del concursado o de cualesquiera otras unidades productivas.

– Se introduce la subrogación inmediata del adquirente en los contratos y licencias administrativas de que fuera titular el cedente y se establecen mecanismos de exención de responsabilidad por deudas previas, salvo en casos especiales.

– Se incluyen previsiones adicionales respecto a la cesión en pago o para pago y la posibilidad de que el juez pueda acordar la retención de un diez por ciento de la masa activa destinado a satisfacer futuras impugnaciones.

– Y se incluyen reglas supletorias relativas a la enajenación de unidades productivas, especialmente en lo referente a las reglas de purga o subsistencia de las posibles garantías reales a las que pudiesen estar sujetos todos o algunos de los bienes incluidos en dicha unidad.

c) Modificaciones en materia de calificación: se clarifican las dudas interpretativas sobre el término clase, dándole un sentido más genérico e incluyendo a un grupo de acreedores que reúnan características comunes aunque tal grupo no comprenda a todos los de la misma clasificación concursal.