Modificaciones sobre la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que introduce la Ley 3/2014, de 27 de marzo

Modificaciones sobre la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que introduce la Ley 3/2014, de 27 de marzo

El pasado viernes 28 de marzo se publicó en el BOE la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en adelante, la “LGDCU”), que traspone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2011/83/UE.

Con ella, se introducen varias modificaciones tendentes a garantizar la seguridad jurídica de los consumidores y usuarios, a nivel comunitario, eliminando disparidades existentes entre la legislación europea y la normativa que había hasta ahora.

Distinguimos cuatro grandes áreas de incidencia:

En primer lugar, se concretan los límites de los conceptos más importantes de éste ámbito;  así, el concepto de “consumidor y usuario” a efectos de la LGDCU, encuadraría tanto a las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión como a las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.

En segundo lugar, la reforma se centra en la ampliación de la información precontractual exigible en los contratos celebrados con consumidores y usuarios. A lo ya previsto por la LGDCU, se añade una obligación de informar sobre:

  • La existencia y las condiciones de los depósitos y garantías financieras que, en su caso, tengan que pagar o aportar a solicitud del empresario.
  • La existencia de la garantía legal de conformidad de los bienes así como de las condiciones de los servicios posventa y de las garantías comerciales.

Además, otra de las áreas que modifica la reforma, es la regulación del derecho de desistimiento por parte de los consumidores, pues, se amplía el plazo para ejercerlo a catorce días naturales, frente a los 7 días previstos hasta ahora. Por otra parte, si no se facilita información al consumidor y usuario sobre este derecho, este plazo quedaría ampliado hasta doce meses después de la fecha de expiración inicial. Además, con el fin de tener constancia de las quejas y reclamaciones, se le hará entrega de una clave identificativa al consumidor usuario, así como de un justificante por escrito.  

Sin perjuicio de lo anterior, lo más relevante de la reforma de la LGDCU, es la modificación del artículo 83, al objeto de dar cumplimiento a la Sentencia del TJUE de 14 de junio de 2012, en relación a la necesaria adaptación de la normativa europea en materia de nulidad de cláusulas abusivas y la adaptación de la Directiva 93/13/CEE, respecto a la potestad que tenían los jueces nacionales de modificar el contenido de las cláusulas abusivas que figuran en los contratos para integrar la parte afectada por la nulidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1258 Cc, y que ahora, no se podría realizar.

En los contratos a distancia, se adaptan los requisitos de información para tener en cuenta las restricciones técnicas de ciertos medios de comunicación, como móviles o televisión, por los que el empresario deberá respetar un conjunto de mínimos de información y remisión a otras fuentes de información sobre el producto.

La Reforma de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, en el ámbito de la información exigible, viene a completar los requisitos establecidos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y en la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.