NOVEDADES DE LA LEY 29/2015 EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE EXEQUÁTUR

NOVEDADES DE LA LEY 29/2015 EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE EXEQUÁTUR

El pasado 20 de agosto entró en vigor la nueva Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, que unifica y actualiza la regulación de esta materia, adaptándola tanto a las disposiciones comunitarias como a la jurisprudencia española.

Una de las cuestiones más relevantes, y más necesitadas de reforma, es el procedimiento de exequátur, en relación al reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y documentos públicos extranjeros.

La ley, en este sentido, ofrece dos vías para el reconocimiento de las resoluciones extranjeras: por un lado, una vía incidental al proceso principal, tramitada ante el juez que conozca del mismo en la que los efectos del reconocimiento solo se desplegarán en dicho proceso; y, por otro lado, el procedimiento general de exequátur, que permite a la resolución extranjera desplegar los mismos efectos que en el Estado de origen.

Esta opción debe ser iniciada mediante demanda de exequátur, presentada ante el Juzgado de Primera Instancia competente territorialmente, y acompañada del original o copia auténtica de la resolución, debidamente legalizada o apostillada y los documentos que acrediten la firmeza y cumplimiento de las garantías procesales a la hora de haber sido dictada, todo ello con las traducciones que resulten pertinentes. La ley también ofrece la posibilidad de acumular a la demanda de exequátur la petición de ejecución de la resolución, que solo será tramitada una vez se haya reconocido la mencionada resolución en España.

En cuanto al propio contenido del reconocimiento, la ley agiliza la labor de los Jueces, y favorece que se reconozcan las resoluciones extranjeras, en tanto recoge unas causas tasadas de denegación del reconocimiento, prohibiendo expresamente la revisión del fondo, y elimina cualquier referencia al criterio de reciprocidad. Asimismo, contiene previsiones específicas sobre la adaptación de las instituciones jurídicas que no tengan equivalente en el ordenamiento español, sobre modificación de resoluciones que sean susceptibles de ello, sobre el reconocimiento de resoluciones en acciones colectivas y sobre el reconocimiento parcial.

No obstante, y pese a la importancia que esta nueva ley tiene en el ámbito del Derecho Internacional Privado español, es necesario recalcar que esta disposición mantiene su carácter subsidiario, por los principios de primacía del Derecho Comunitario y aplicación preferente de los Convenios y Tratados Internacionales. Es por ello que debemos recordar que, a la hora de plantear el reconocimiento y ejecución de una resolución extranjera, es imprescindible conocer el Estado de origen y la fecha de la misma, y buscar un asesoramiento adecuado y específico en la materia.