Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.

Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.

El pasado 13 de Marzo de 2015, el Ministerio de Justicia publicó en su web el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, remitido a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.

Con el paso del tiempo, la sociedad evoluciona sin freno alguno y con ella han de hacerlo las leyes por las que nos regimos. En este sentido, como se recoge en la exposición de motivos de dicho proyecto de ley, se hacía necesaria la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para reforzar los derechos procesales de los justiciables, adaptar nuestra legislación a las exigencias del Derecho Europeo y así provocar un cambio radical en la Justicia Penal.

Esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal incide de lleno en derechos fundamentales recogidos en los artículos 18 y 24 de la Constitución española, así como otros aspectos de carácter mucho más procesal. Es por ello por lo que se considera necesario puntualizar que a pesar de que las leyes orgánicas regulan en exclusividad los derechos fundamentales, en este caso las garantías procesales se incluirían dentro de esta ley para sentar las bases que de futuro servirán para el desarrollo de otras normas de igual, menor o distinto rango.

Una de las adaptaciones que se deben llevar a cabo respecto a la normativa comunitaria es el contenido de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad.

Así pues, es necesaria la modificación de los artículos 118, 509, 520 y 527 de la LECRIM para poder introducir las previsiones que el Derecho de la Unión Europea solicita, sobresaliendo el régimen de asistencia de abogado al detenido. El derecho a la asistencia letrada en los procesos penales, el derecho a que se informe de la privación de libertad a un tercero y el derecho a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 3, 5, 6 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se facilita la aplicación de estos derechos y se asegura los aspectos fundamentales de la defensa en el proceso penal.

En base a este motivo se pretende llevar a cabo la modificación del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regula el derecho de defensa. Se pasa a reconocer a toda persona a la que se le atribuya la comisión de un hecho punible, su derecho de defensa con las limitaciones establecidas por Ley y cuyo marco temporal ira desde la investigación del hecho punible hasta la extinción de la pena.

Se reconoce también la confidencialidad de las comunicaciones entre el acusado y el abogado siempre y cuando no haya indicios objetivos de la participación del abogado en el hecho delictivo investigado.

El art. 520 LeCrim regula los derechos de las personas detenidas. Este contenido se encuentra perfectamente adaptado a la normativa europea, mencionando, el derecho del detenido a designar abogado con el que podrá entrevistarse reservadamente, incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial. En caso de que la lejanía sea un impedimento para poder comunicarse el acusado con el abogado se facilitarán la comunicación telefónica o por videoconferencia. El ejercicio de estos derechos podrá ser modulado, motivadamente, en atención a la presencia de circunstancias excepcionales.

En relación a los menores y persona con capacidad modificada judicialmente  se comunicará el hecho y el lugar de custodia lo antes posible a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho de aquellos y será puesto a disposición de la Fiscalía.

Con el avance de las nuevas tecnologías, nuestra regulación al respecto ha quedado obsoleta y ha sido necesaria la modificación de los artículos que regulan la materia, pues los delitos tecnológicos en los últimos años se han ido sofisticando y cada vez son más complejos de sancionar, al no contar con una regulación específica.

La detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica se actualiza con la nueva redacción del artículo 579, donde se limita el ámbito material, se regulan los plazos máximos de duración y las excepciones a la necesidad de tener una autorización judicial para poder realizar la detención y apertura de la correspondencia.

En cuanto al primero de los aspectos destacados, la reforma opta, por exigir la concurrencia, no cumulativa, de cualquiera de los tres requisitos que se define en el apartado primero de este artículo. El primero opera como una limitación genérica, cuantitativa, ligada a la gravedad de la pena.

Se redacta un nuevo artículo 579 Bis en relación con la utilización del resultado de esta diligencia en otro proceso penal distinto, en especial en cuanto al tratamiento de los denominados “hallazgos casuales”.

La interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas es objeto de atención en un nuevo capítulo que se integra en el Título VIII del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En la nueva regulación se legisla a cerca de comunicaciones telemáticas que anteriormente carecían de tratamiento normativo en la ley procesal.  El nuevo texto articulado autoriza la intervención y registro de las comunicaciones de cualquier clase que se realicen a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual. Pero somete la interceptación de todas ellas a los principios que la ley proclama.

Se establece un plazo de tres meses como duración máxima inicial de la intervención, plazo que es se podrá ampliar previa petición, por periodos similares, hasta un límite máximo de dos años.

Se pasa a imponer un sistema de sellado o firma electrónica para asegurar la autenticidad de los soportes que han sido puestos a disposición del juez.

En la investigación de algunos hechos delictivos, la incorporación al proceso de los datos electrónicos de tráfico o asociados, puede ser de vital importancia y por ello la reforma recoge el criterio fijado por la Ley 25/2007, de 18 de Octubre de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación.

Se da un tratamiento jurídico individualizado al acceso por agentes de policía al IMSI, IMEI, dirección IP y otros elementos de identificación de una determinada tarjeta o terminal, en relación con la jurisprudencia del TS ya consolidada. También se normativiza la cesión de datos desvinculados de los procesos de comunicación concernientes a la titularidad o identificación de un dispositivo electrónico, a los que podrá acceder el Ministerio Fiscal o la Policía Judicial en el ejercicio de sus funciones sin necesidad de autorización judicial.

La reforma también tiene por objeto adaptar el lenguaje de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y  eliminar algunas expresiones usadas de modo indiscriminado en la ley, sin rigor conceptual.

Con esta reforma que se pretende llevar a cabo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se pretende garantizar de forma mucho más concisa los derechos fundamentales de los acusados y sus garantías a la hora de enfrentarse a un proceso de carácter penal, así como adaptar a los nuevos tiempos nuestra obsoleta legislación procesal penal.