PUBLICADA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

PUBLICADA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

La Ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local adapta la normativa básica en materia de Administración y mejora su control económico-financiero, con la finalidad de conseguir una adecuada aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos públicos locales.

Los objetivos de la reforma son:

a)        clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones,

b)       racionalizar la estructura organizativa de la Administración local,

c)        garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y

d)       favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.

 

Se quieren evitar problemas de solapamientos competenciales entre varias Administraciones Públicas o la prestación de servicios por los Ayuntamientos sin título competencial específico que les habilite y sin recursos adecuados.

Con esta reforma de la Administración local se definen las competencias a desarrollar por la Administración local, diferenciándolas de las competencias estatales y autonómicas.

Así, se enumera un listado de materias en que los municipios han de ejercer competencias propias, estableciéndose una reserva formal de ley para su determinación, y garantías para su concreción y ejercicio. Las Entidades Locales no deben asumir competencias no atribuidas por la ley y para las que no cuenten con la financiación adecuada y sólo podrán ejercer competencias distintas de las propias o de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. La delegación de competencias estatales o autonómicas en los Municipios debe acompañarse de su correspondiente dotación presupuestaria, su duración no será inferior a los 5 años y la Administración que delega se reservará los mecanismos de control precisos para asegurar la adecuada prestación del servicio delegado.

Se refuerza el papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos insulares o entidades equivalentes mediante la coordinación por las Diputaciones de determinados servicios mínimos en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes o la atribución a éstas de nuevas funciones.

Se incluyen medidas para fomentar la fusión voluntaria de municipios con el objeto de racionalizar sus estructuras y superar la atomización del mapa municipal.

Se revisa el conjunto de entidades instrumentales que conforman el sector público local, se racionalizan sus órganos de gobierno y se ordenan las retribuciones del personal al servicio de las Corporaciones locales, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de su relación con la Administración. Se pretende impedir la participación o constitución de entidades instrumentales por las Entidades Locales cuando estén sujetas a un plan económico-financiero o a un plan de ajuste. A las existentes en situación deficitaria se les exige su saneamiento, debiendo disolverse si éste no se produce. Y se prohíbe, en todo caso, la creación de entidades instrumentales de segundo nivel, esto es, unidades controladas por otras, que, a su vez, lo estén por las Entidades Locales.

Se incorporan medidas dirigidas a la racionalización organizativa e integración coordinada de servicios a incluir en los planes económico-financieros de las Entidades Locales.

Y se establece la obligación de determinar el coste efectivo de los servicios que prestan las Entidades Locales, así como su remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su publicación.

Por otra parte, se refuerza el papel de la función interventora en las Entidades Locales. A partir de ahora el Gobierno fijará las normas sobre los procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de actuación, así como derechos y deberes en el desarrollo de las funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales. Para ello se contará con la participación de la Intervención General de la Administración del Estado.

Corresponde al Estado la selección, formación y habilitación de los funcionarios con habilitación de carácter nacional que prestan sus servicios en Entidades Locales, así como la potestad sancionadora en los casos de las infracciones más graves. Se clarifica y deslinda el diferente ámbito de actuación que es consustancial a unas y otras funciones y se incluye la regulación del régimen de estos funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Y se limita el uso de autorizaciones administrativas para iniciar una actividad económica a casos en los que su necesidad y proporcionalidad queden claramente justificada y se suprimen monopolios municipales heredados del pasado que recaen sobre sectores económicos pujantes en la actualidad.