REFORMA DE LA LEY CONCURSAL Y OTRAS NORMAS DESTINADA AL FAVORECIMIENTO DE LA REFINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS

REFORMA DE LA LEY CONCURSAL Y OTRAS NORMAS DESTINADA AL FAVORECIMIENTO DE LA REFINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS

La Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, se centra en la mejora y flexibilización de la legislación pre-concursal, y muy en concreto de los llamados acuerdos de refinanciación, ya que permiten la maximización del valor de los activos, evitando el concurso de la entidad, y la reducción o aplazamiento de los pasivos.

Las modificaciones que se introducen persiguen en definitiva, la mejora de la posición patrimonial del deudor para afrontar esa negociación previa que podría finalizar con la evitación del concurso.

La mejora de la situación patrimonial se produce en la proporción que representan sus activos sobre sus pasivos exigibles, y dentro de ellos en la parte apta para atender el cumplimiento de sus obligaciones más inmediatas. Así se asegura que todas estas acciones no perjudican un eventual concurso de acreedores, ya sea porque el peligro de dicho concurso se aleja definitivamente, ya sea porque las actuaciones previas al concurso no han perjudicado la situación patrimonial del deudor.

Para ello se ha producido a modificar una serie de normas como la Ley Concursal en donde:

Se permite que la presentación de la comunicación de iniciación de negociaciones para alcanzar determinados acuerdos pueda suspender, durante el plazo previsto para llevarlas a efecto, las ejecuciones judiciales de bienes necesarios para que el deudor pueda continuar con su actividad profesional o empresarial, así como la suspensión del resto de ejecuciones singulares promovidas por los acreedores financieros a los que se refiere la ley, siempre que se justifique que el 51% de los acreedores de pasivos financieros han apoyado expresamente el inicio de las negociaciones encaminadas a la suscripción del acuerdo de refinanciación. Se excluye de dicha suspensión los procedimientos que tengan su origen en créditos de derecho público.

– Se modifica el régimen de la administración concursal. Se fijan las directrices del nuevo sistema de requisitos para ejercer como administrador concursal, para asegurar que cuentan con aptitudes y conocimientos suficientes. Se prevé la posibilidad de exigir la superación de pruebas o cursos específicos y la creación de una sección cuarta de administradores concursales y auxiliares delegados en el Registro Público Concursal, en la que se inscribirán las personas físicas y jurídicas que cumplan con los requisitos que se exijan, especificando el ámbito territorial en el que estén dispuestas a ejercer sus labores. Se reforma el sistema de designación de la administración concursal y los principios rectores de la remuneración de la administración concursal, teniendo en cuenta la calidad y los resultados del trabajo del administrador.

– Se limitan los supuestos de suspensión de ejecución de bienes dotados de garantía real a los que sean necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial.

– Se regula íntegramente en el artículo 71 las denominadas acciones de reintegración. El supuesto de no rescindibilidad de su apartado 6 se recoge separadamente en el artículo 71 bis, junto con un nuevo supuesto en el que los acuerdos alcanzados se declaran no rescindibles, sin necesidad de alcanzar determinadas mayorías de pasivo, permitiendo la negociación directa del deudor con uno o más acreedores, siempre que signifiquen simultáneamente una mejora clara de la posición patrimonial del deudor sin mermar los derechos de los restantes acreedores.

– Se atribuye con carácter temporal la calificación de crédito contra la masa a la totalidad de los que originen nuevos ingresos de tesorería, producidos en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, comprendiendo los que traigan causa en un acuerdo de refinanciación y los realizados por el propio deudor o personas especialmente relacionadas, con exclusión de las operaciones de aumento de capital. Transcurrido el plazo de los dos años desde su concesión, se considerarán crédito contra la masa.

– Se prevé que no serán considerados como personas especialmente relacionadas quienes hayan adquirido la condición de socios en virtud de la capitalización de deuda acordada en el contexto de una operación de refinanciación, a efectos de calificar como subordinada la financiación por ellos otorgada como consecuencia de dicha operación.

– Se revisa el régimen de homologación judicial regulado en la Disposición adicional cuarta, extendiendo la posibilidad de suscribir este acuerdo a todo tipo de acreedores de pasivos financieros, excluidos los acreedores por operaciones comerciales y los acreedores de derecho público.

Se posibilita la extensión a los acreedores disidentes o no participantesno solo de las esperas, sino también, mediante un porcentaje de pasivo superior, de otras medidas acordadas en el seno del acuerdo de refinanciación, como quitas, capitalización de deuda y cesión de bienes en pago o para pago.

Respecto a los acreedores que dispongan de garantía real, se distingue, de una parte, entre la parte de deuda que está cubierta por el valor real de la garantía y aquélla que no lo está, atribuyéndose a la parte de créditos no cubiertos por la garantía el mismo tratamiento que a los acreedores sin garantía real, y de otra, entre obligación principal y obligación accesoria.

Si la deuda principal puede ser afectada en caso de no tener cobertura de garantía real por el acuerdo de una mayoría muy cualificada de otros acreedores, la cubierta con garantía real también puede ser afectada si el acuerdo mayoritario se adopta en este caso con mayorías cualificadas aún más elevadas pero computadas sobre el total de las garantías, es decir, por titulares de deuda garantizada que se encuentren en una situación similar a la del disidente o no participante en el acuerdo. Y se prevé la posibilidad de extender los efectos del acuerdo a determinados acreedores con garantía real y se simplifica el procedimiento de homologación.

– Para evitar la sobreponderación artificiosa de determinadas participaciones minoritarias en acuerdos sindicados de financiación, se limita el porcentaje de votos favorables en el sindicato cuando se trata de un acuerdo global de refinanciación del deudor.

– Se introducen medidas destinadas a favorecer la transformación de deuda en capital, rebajando las mayorías exigibles por la Ley de Sociedades de Capital y estableciendo una presunción de culpabilidad del deudor que se niega sin causa razonable a ejecutar un acuerdo de recapitalización.

 

Además se procede a la modificación de otras disposiciones:

 

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: se adapta el régimen de suspensión en caso de situaciones concursales o preconcursales a las modificaciones introducidas en el artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio.

Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo: Se establece la ausencia de tributación en los supuestos de capitalización de deudas, salvo que la misma hubiera sido objeto de una adquisición derivativa por el acreedor, por un valor distinto al nominal de la misma. Y se modifica el tratamiento fiscal de las rentas derivadas de quitas y esperas derivadas de la aplicación de la Ley Concursal, estableciendo un sistema de imputación del ingreso generado en la base imponible, en función de los gastos financieros que posteriormente se vayan registrando.

Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre: se amplía la exención del impuesto a las escrituras que contengan quitas o minoraciones de los préstamos, créditos y demás obligaciones, facilitando los acuerdos de refinanciación o de pago.

Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles: se suprime la exigencia de informe de los administradores sobre los proyectos de fusión en los casos de absorción de sociedad participada al 90%, cuando se trate de una fusión transfronteriza comunitaria.

Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales: se aclara que las Administraciones Públicas no pueden modificar el tipo de interés de demora establecido en la Ley.

Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas económicas complementarias: se reforma para evitar que las empresas incurran en causa legal de reducción de capital y, en su caso, de disolución a causa de las pérdidas, aprobándose una nueva prórroga.

Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores: se exceptúa la oferta pública de adquisición y la necesidad de solicitar, en su caso, dispensa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando se trate de operaciones realizadas como consecuencia directa de un acuerdo de refinanciación homologado judicialmente, siempre que hubiera sido informado favorablemente por un experto independiente.