REFORMA DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL

REFORMA DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL

ÚLTIMA REFORMA DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, DE 3 DE DICIEMBRE DE 2014: ANÁLISIS

En el BOE del 4 de Diciembre de 2014 se ha publicado la Ley 31/2014 de 3 de Diciembre por la que se produce una modificación sustancial de la Ley de Sociedades de Capital, dichas modificaciones podemos concretarlas y resumirlas en los siguientes puntos:

 

1.            Se refuerzan las competencias de la Junta General

La nueva ley incluye, entre las competencias de la Junta General, “La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales”. Asimismo, se presume la esencialidad del activo “cuando el importe de la operación supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado”.

Esta nueva competencia es de aplicación para todos los tipos de sociedades de capital y supone la normativización de una de las prácticas recomendadas en el Código Unificado de Buen Gobierno.

Además, se faculta a la Junta General de las sociedades anónimas a intervenir en asuntos de gestión, a través de instrucciones al órgano de administración, lo que ya se permitía en las sociedades de responsabilidad limitada. Con esto se elimina una de las diferencias entre las sociedades anónimas y limitadas, permitiendo una mayor presencia de los accionistas en el curso ordinario empresarial de la sociedad.

 

2.            Se regulan expresamente las situaciones de conflicto de interés de los socios

Se excluye al socio de las votaciones de la Junta General de accionistas/socios (ya que es aplicable tanto a sociedades anónimas como limitadas) en las que se vaya a decidir sobre una serie de materias, que acarrean un posible conflicto de interés entre la sociedad y el socio. Estas materias son:

a) autorizarle a transmitir acciones o participaciones sujetas a una restricción legal o estatutaria,

b) excluirle de la sociedad,

c) liberarle de una obligación o concederle un derecho,

d) facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera, incluida la prestación de garantías a su favor o

e) dispensarle de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a lo previsto en el artículo 230.

Esta lista es considerada por la reforma como cerrada, no existiendo otros supuestos de exclusión que los expresamente previstos. No obstante, en caso de una situación de conflicto de intereses distinta a las anteriores, en la que la votación del socio incurso en el conflicto haya sido decisiva, a la hora de impugnar el acuerdo será la sociedad y el socio los que ostenten la carga de la prueba sobre la adecuación del acuerdo al interés social.

En estos supuestos, es de especial relevancia que las acciones/participaciones del accionista o socio que no puede ejercer su voto se deducirán de la base del cómputo para el cálculo de las mayorías.

 

3.            Se prevé la votación separada de acuerdos y se modifica el cómputo de las mayorías para adopción de acuerdos en Sociedades Anónimas

La ley añade una Subsección a la Ley de Sociedades de Capital, estableciendo que deberán ser objeto de votación separada “aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes”. En todo caso, se prevén una serie de acuerdos que deben ser decididos separadamente:

a) el nombramiento, la ratificación, la reelección o la separación de cada administrador.

b) en la modificación de estatutos sociales, la de cada artículo o grupo de artículos que tengan autonomía propia.

c) aquellos asuntos en los que así se disponga en los estatutos de la sociedad.

Este último inciso faculta a la Junta general a establecer específicamente qué materias desea sean votadas de forma independiente, a través de los estatutos sociales.

Por su parte, la modificación del cómputo de mayorías en las sociedades anónimas establece la mayoría simple de los votos de los accionistas presentes o representados en Junta como la regla general (siendo la mayoría simple, más votos a favor que en contra). Para la adopción de acuerdos del art. 194 LSC (fusión, escisión, modificaciones estructurales…) se prevé la mayoría absoluta (50%+1 voto) si el capital presente o representado en junta supera el 50%. En caso contrario, y siempre que el capital presente o representado sea igual o superior al 25%, se requiere mayoría de dos tercios, o incluso, superior.

 

4.            Se incluye una modificación sustancial del régimen de impugnación de acuerdos

Desaparece la distinción entre acuerdos nulos y anulables, siendo a partir de la reforma todos ellos “impugnables”. De esta forma, serán impugnables “los acuerdos sociales que sean contrarios a la Ley, se opongan a los estatutos o al reglamento de la junta de la sociedad o lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros”. Además, “la lesión del interés social se produce también cuando el acuerdo, aun no causando daño al patrimonio social, se impone de manera abusiva por la mayoría. Se entiende que el acuerdo se impone de forma abusiva cuando, sin responder a una necesidad razonable de la sociedad, se adopta por la mayoría en interés propio y en detrimento injustificado de los demás socios”. Estas medidas suponen una mayor protección de los socios minoritarios frente a posibles abusos de los mayoritarios, pero pueden acarrear el entorpecimiento de la toma de decisiones, porque dan mayor poder a los socios minoritarios.

Sin embargo, la ley también enumera una serie de acuerdos no susceptibles de impugnación, con sus correspondientes excepciones:

a)cuando haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro adoptado antes de que se hubiera interpuesto la demanda de impugnación

b) La infracción de requisitos meramente procedimentales que no se consideren relevantes.

c) La incorrección o insuficiencia de la información facilitada por la sociedad en respuesta al ejercicio del derecho de información con anterioridad a la junta, salvo que la información incorrecta o no facilitada hubiera sido esencial para el ejercicio razonable por parte del accionista o socio medio, del derecho de voto o de cualquiera de los demás derechos de participación.

d) La participación en la reunión de personas no legitimadas, salvo que esa participación hubiera sido determinante para la constitución del órgano.

e) La invalidez de uno o varios votos o el cómputo erróneo de los emitidos, salvo que el voto inválido o el error de cómputo hubieran sido determinantes para la consecución de la mayoría exigible.

La acción de impugnación caducará en el plazo de 1 año, salvo cuando el acuerdo sea contrario al orden público, supuesto en el que la acción es imprescriptible.

 

5.            Se modifica el régimen de remuneración de los administradores

Mientras que se mantiene la regla general de la gratuidad del cargo salvo previsión a contrario en los estatutos sociales, la ley añade una enumeración (no exclusiva ni cerrada) de las fórmulas para la posible retribución de los mismos, que deberá contenerse en los estatutos. Los conceptos retributivos establecidos en la nueva regulación son los siguientes:

a) una asignación fija,

b) dietas de asistencia,

c) participación en beneficios,

d) retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia,

e) remuneración en acciones o vinculada a su evolución,

f) indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el incumplimiento de las funciones de administrador y

g) los sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos.

La ley otorga mayor poder a la Junta General en este sentido, ya que es ella la que fija tanto la fórmula como el límite máximo de la retribución, siempre debiendo sujetarse a los criterios de razonabilidad, importancia de la empresa, estándares de mercado y aseguramiento de la competitividad y rentabilidad de la sociedad.

Por último, y a este respecto, se limita expresamente en términos cuantitativos la remuneración en participación en beneficios y en acciones de la sociedad (este concepto solo en sociedades anónimas), distinguiendo entre sociedades anónimas y limitadas, para evitar una toma de control excesiva de los administradores sobre la Junta general.

Asimismo, la ley regula la forma de retribución de los consejeros delegados y de los consejeros con funciones ejecutivas, que será decidida por el Consejo de Administración con unas ciertas limitaciones.

Así, es necesario que se firme un contrato entre el consejero y la sociedad, que deberá ser aprobado por mayoría de 2/3 del Consejo, con la abstención del consejero interesado. En dicho contrato se establecerán todos los conceptos retributivos que recibirá en consejero por sus funciones ejecutivas (lo que recibe por ser consejero es independiente de este contrato), retribuciones que deben seguir la política elegida por la Junta general cada 3 años.

 

6.            Se introduce la ”Business Judgement Rule” y se redefine el estatuto y los deberes de los administradores

El principio norteamericano de “Business Judgement Rule” se introduce por primera vez en el derecho español como “Protección de la discrecionalidad empresarial”, cumpliéndose la DILIGENCIA DE UN ORDENADO EMPRESARIOcuando el administrador haya actuado de buena fe, sin interés personal en el asunto objeto de decisión, con información suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado”. Quedarían fuera de esta previsión las decisiones que afecten personalmente a otros administradores o a personas vinculadas.

Se reformulan los deberes de diligencia y lealtad, modulando en función de las circunstancias el primero y corrigiendo las deficiencias del segundo. Además, la ley establece el deber de evitar conflictos de interés, mediante la previsión de una serie de materias concretas sobre las que debe abstenerse. Este régimen se considera imperativo, sin perjuicio de las posibles dispensas individuales que puedan otorgarse, siempre siguiendo el procedimiento previsto legalmente.

 

7.            Se modifica el régimen de responsabilidad de los administradores

Se subjetiviza la responsabilidad de los administradores, previéndose expresamente que es necesario que medie dolo o culpa.

Sin embargo, se presumirá la culpa, salvo prueba en contrario, cuando el acto sea contrario a la ley o a los estatutos sociales.

Se mantiene la solidaridad de la responsabilidad de los administradores, y se extiende esta regulación a los administradores de hecho, y a aquella persona que ostente la alta dirección de la sociedad, en caso de que no haya Comisión Ejecutiva o Delegada o consejero delegado. La persona física designada para el ejercicio permanente de las funciones del administrador persona jurídica estará sometida a los mismos deberes, y responderá solidariamente con la persona jurídica a la que representa.

Por último, se legitima a la minoría para exigir responsabilidad de los administradores (minoría que deber reunir la cantidad de votos suficientes como para poder convocar la junta general). La acción de responsabilidad de los administradores prescribirá a los 4 años desde que pudiese haber sido ejercitada.

 

8.            Se modifica el régimen de delegación de facultades del Consejo de Administración

Se delimitan las facultades que en ningún caso podrán ser delegadas por el Consejo de Administración a la Comisión Ejecutiva o Delegada o a uno o varios Consejeros Delegados:

a) La supervisión del efectivo funcionamiento de las comisiones que hubiera constituido y de la actuación de los órganos delegados y de los directivos que hubiera designado.

b) La determinación de las políticas y estrategias generales de la sociedad.

c) La autorización o dispensa de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a lo dispuesto en el artículo 230.

d) Su propia organización y funcionamiento.

e) La formulación de las cuentas anuales y su presentación a la junta general.

f) La formulación de cualquier clase de informe exigido por la ley al órgano de administración siempre y cuando la operación a que se refiere el informe no pueda ser delegada.

g) El nombramiento y destitución de los consejeros delegados de la sociedad, así como el establecimiento de las condiciones de su contrato.

h) El nombramiento y destitución de los directivos que tuvieran dependencia directa del consejo o de alguno de sus miembros, así como el establecimiento de las condiciones básicas de sus contratos, incluyendo su retribución.

i) Las decisiones relativas a la remuneración de los consejeros, dentro del marco estatutario y, en su caso, de la política de remuneraciones aprobada por la junta general.

j) La convocatoria de la junta general de accionistas y la elaboración del orden del día y la propuesta de acuerdos.

k) La política relativa a las acciones o participaciones propias.

l) Las facultades que la junta general hubiera delegado en el consejo de administración, salvo que hubiera sido expresamente autorizado por ella para subdelegarlas.

9.            Entrada en vigor

Le ley entra en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, es decir, el 24 de diciembre de 2014. Sin embargo, algunas de las previsiones requieren cambios en los estatutos sociales, por lo que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2015.