REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY DE COSTAS

REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY DE COSTAS

El nuevo Reglamento que desarrolla la Ley de Costas ha sido publicado el pasado Sábado, 11 de Octubre de 2014 y desarrolla el régimen de la prórroga extraordinaria de las concesiones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, fijando, en el caso de las concesiones ordinarias, el plazo máximo de duración de la prórroga en función de los usos, que en ningún caso podrá exceder de los setenta y cinco años.

 

El Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, contiene la aprobación del reglamento que desarrolla y ejecuta la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para la determinación, protección, utilización y policía del dominio público marítimo-terrestre y especialmente de la ribera del mar y tiene por finalidad la protección del dominio público marítimo-terrestre y la seguridad jurídica.

 

Se definen y clasifican los bienes de dominio público marítimo-terrestre y se recogen los criterios técnicos necesarios para su determinación.

 

Se declaran como inalienables, imprescriptibles e inembargables los bienes de dominio público marítimo-terrestre y se establecen las potestades de la Administración General del Estado sobre los mismos.

 

Se incluyen las disposiciones aplicables a los deslindes a practicar para determinar el dominio público marítimo-terrestre. Se regula su procedimiento y efectos, haciendo especial referencia al régimen aplicable a los tramos en situación de regresión grave. Asimismo, se ocupa de la inmatriculación de fincas colindantes con el dominio público marítimo-terrestre y de la afectación y desafectación de terrenos.

 

Se señala que la protección del dominio público marítimo-terrestre comprende la defensa de su integridad y de los fines de uso general a que está destinado, la preservación de sus características y elementos naturales y la prevención de las perjudiciales consecuencias de obras e instalaciones. A estos efectos se determinan aquellas limitaciones y servidumbres legales (de protección, de tránsito y de acceso al mar) a las que quedan sometidos los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre, el cual prevalece sobre la interposición de cualquier acción, a excepción de los terrenos expresamente declarados de interés para la seguridad y la defensa nacional. Y se detalla la extensión y régimen de la zona de influencia.

 

Por lo que respecta a la utilización del dominio público marítimo-terrestre, del mar y de su ribera, se dispone que la misma será libre, pública y gratuita para los usos comunes y acordes con su naturaleza.

 

Solo se permitirá su ocupación para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación y siempre que se garantice el sistema de eliminación de aguas residuales. Se contemplan los usos e instalaciones de embarque y el régimen de utilización de las playas. Asimismo, se ocupa de la denegación de las solicitudes de utilización, de la subsanación de deficiencias, de la exigencia de garantías, de la publicidad y de las facultades de la Administración General del Estado en los supuestos de ocupación y utilización.

 

La Administración competente llevará un Registro de usos del dominio público marítimo-terrestre, en el que se inscribirán de oficio las reservas, adscripciones y concesiones, así como las autorizaciones de vertidos contaminantes.

 

Se especifica el contenido y las condiciones que deben cumplir los proyectos para la ocupación o utilización del dominio público marítimo-terrestre, conforme al cual han de ejecutarse las correspondientes obras.

 

Se contempla la posibilidad de reserva de utilización total o parcial de determinadas pertenencias del dominio público marítimo-terrestre por la Administración General del Estado para el cumplimiento de fines de su competencia, así como la adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las comunidades autónomas para la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de su titularidad o de ampliación o modificación de los existentes.

 

Se sujetan a previa autorización administrativa las actividades en las que, aun sin requerir obras o instalaciones de ningún tipo, concurran circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad, y, asimismo, la ocupación del dominio público marítimo-terrestre con instalaciones desmontables o con bienes muebles.

 

Se sujeta a previa concesión otorgada por la Administración General del Estado toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal con obras e instalaciones no desmontables, así como con instalaciones desmontables que por su naturaleza, finalidad u otras circunstancias requieran un plazo de ocupación superior a cuatro años.

 

Se regula el uso del objeto de la concesión, las limitaciones a la condición de titular de la misma y obligaciones de éste, su duración, tramitación, inscripción y transmisión, así como la posibilidad de ocupación o expropiación forzosa de bienes y derechos.

 

Se desarrolla con detalle el régimen de la prórroga extraordinaria de las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre existentes otorgadas antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, fijando, en el caso de las concesiones ordinarias, el plazo máximo de duración de la prórroga en función de los usos, que en ningún caso podrá exceder de los setenta y cinco años.

 

Se incorpora el régimen económico-financiero de la utilización del dominio público marítimo-terrestre, ocupándose de la financiación de obras de competencia del Estado, de los cánones de ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, de la prestación de fianza por los peticionarios de concesiones y autorizaciones y de la valoración de los rescates de las concesiones.

 

Se tipifican las infracciones, clasificándolas en graves y leves y el plazo de prescripción de las infracciones será de dos años para las graves y de seis meses para las leves. Sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que se imponga, el infractor estará obligado a la restitución de las cosas y reposición a su estado anterior, con la indemnización de daños irreparables y perjuicios causados.

 

Por último, se detallan las competencias de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y las municipales, así como los deberes de información mutua, coordinación y respeto entre las Administraciones públicas.