Intereses financieros de la Unión: el TJUE avala la sentencia Lin
Cinco precisiones jurídicas conforman la sentencia Lin II, con la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclara el alcance de su anterior sentencia Lin sobre fraudes que afectan a los intereses financieros de la Unión.
El estándar nacional de la lex mitior no viola, como tal, el Derecho de la Unión
El Tribunal de Justicia subraya que no declaró en modo alguno en la sentencia Lin que el estándar nacional de protección relativo a la aplicación del principio de la lex mitior, superior a las garantías del artículo 49 de la Carta de los Derechos Fundamentales, viole por sí mismo el Derecho de la Unión.
El Tribunal se limitó a declarar que el Derecho de la Unión se opone a que ese estándar, consagrado en la resolución de 2022 del Tribunal Supremo rumano, sea aplicado en los casos de fraude grave que afecte a los intereses financieros de la Unión, por incrementar considerablemente el riesgo sistémico de impunidad.
No es necesario combinar varias normativas ni se viola el principio de legalidad
El Tribunal de Justicia señala que la solución adoptada en la sentencia Lin no obliga a los órganos jurisdiccionales rumanos a combinar varias normativas sucesivas para crear, por vía judicial, un régimen relativo a la forma de cómputo del plazo de prescripción. Subraya, además, que esta solución tampoco viola el principio de legalidad de los delitos y las penas, al incardinarse en una jurisprudencia consolidada y previsible.
El principio de cosa juzgada frente a las resoluciones firmes
El Tribunal de Justicia indica que el Derecho de la Unión no obliga a cuestionar las resoluciones firmes que hayan declarado prescrita la responsabilidad penal por fraudes graves que afecten a los intereses financieros de la Unión, aunque precisa que una resolución objeto de recurso de casación no puede considerarse firme.
Cuándo un fraude se considera grave contra los intereses financieros de la Unión
El Tribunal de Justicia precisa también el concepto de fraude «grave» que afecte a los intereses financieros de la Unión, declarando que, en ausencia de umbral nacional, el fraude se califica automáticamente de «grave» cuando su importe total supere 50.000 euros.
La sentencia Lin: el origen de la controversia rumana
La sentencia Lin, de 24 de julio de 2023, se refería a nacionales rumanos condenados por fraude fiscal que alegaban la prescripción de su responsabilidad penal en virtud de sentencias del Tribunal Constitucional rumano y una resolución del Tribunal Supremo rumano de 2022.
El desacuerdo del Tribunal Supremo rumano tras la sentencia Lin
Tras la sentencia Lin, el Tribunal Supremo rumano declaró en 2024 que sus órganos jurisdiccionales no podían dejar inaplicada su resolución de 2022, criterio que el Tribunal de Justicia declara ahora contrario al Derecho de la Unión.
El caso Lin II: facturas ficticias y un administrador sin condena
En el asunto Lin II, el administrador de dos sociedades mercantiles emitió facturas fiscales ficticias, con un perjuicio de 268.536 leus rumanos al presupuesto del Estado. Quedó sin condena tras declararse prescrita su responsabilidad penal, lo que motivó la remisión prejudicial al Tribunal de Justicia.